Tras la anulación del mayor contrato de gestión de residuos de la Mancomunidad del Noroeste, el PSOE y Más Madrid alerta de irregularidades y propone cambios en la gestión.
El pasado 24 de febrero, una decisión judicial anuló el mayor contrato de gestión de residuos de España que representaba la piedra angular de la estrategia de residuos de la Mancomunidad del Noroeste para las próximas dos décadas. No se trataba de un simple acuerdo de servicios, sino de una concesión monumental valorada en 1.091 millones de euros para diseñar, construir y explotar un nuevo y avanzado complejo ambiental en Colmenar Viejo. Este proyecto estaba llamado a ser la solución definitiva al problema del actual vertedero, una instalación que se acerca peligrosamente al final de su vida útil y que no cumple con las exigentes normativas medioambientales de la Unión Europea. La nueva planta prometía un modelo basado en la economía circular, maximizando el reciclaje y la valorización de residuos para minimizar la cantidad de desechos que acaban enterrados.
El proceso de licitación, dada su envergadura, atrajo a los gigantes del sector de servicios medioambientales en España. Tras un competitivo proceso, la Mancomunidad del Noroeste adjudicó la concesión a la empresa Urbaser. Sin embargo, la decisión fue inmediatamente impugnada por dos de los licitadores derrotados: un consorcio formado por FCC y Acciona, y la empresa Valoriza, propiedad del fondo de inversión Morgan Stanley. Estos recursos legales pusieron en marcha una revisión exhaustiva del procedimiento por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) de la Comunidad de Madrid.
El 24 de febrero, el TACP emitió un veredicto que no dejaba lugar a dudas. La resolución anulaba no solo la adjudicación a Urbaser, sino todo el procedimiento de contratación desde su inicio. El motivo central esgrimido por el tribunal fue una «falta de motivación» en la valoración de las ofertas técnicas. En términos sencillos, la mesa de contratación de la Mancomunidad no justificó de manera adecuada y transparente por qué otorgó las puntuaciones que dieron la victoria a Urbaser. El tribunal fue explícito al señalar una «ausencia de justificación técnica en las puntuaciones dadas, que supera el límite de la discrecionalidad técnica». Esta es una de las faltas más graves en un proceso de contratación pública, ya que atenta contra los principios de transparencia, objetividad e igualdad de trato entre los licitadores. Esta anulación obliga a la Mancomunidad a volver a la casilla de salida.
La Mancomunidad del Noroeste es el organismo que decide sobre las basuras de Collado Mediano
Para entender el alcance de esta crisis, es fundamental comprender qué es y cómo funciona la Mancomunidad del Noroeste. Se trata de una entidad pública formada por la agrupación de 42 municipios de la zona, creada con el fin de gestionar de forma conjunta un servicio que, por su complejidad y coste, sería inabordable para la mayoría de ayuntamientos de forma individual: el tratamiento y la eliminación de los residuos sólidos urbanos.
Collado Mediano es uno de los municipios miembros de pleno derecho de esta Mancomunidad. En la práctica, esto significa que, si bien el Ayuntamiento es responsable de la recogida de la basura en las calles del pueblo, el destino final de esos residuos y el coste de su tratamiento se deciden en el seno de este organismo supramunicipal. Los camiones de basura de Collado Mediano transportan los residuos a la estación de transferencia de Collado Villalba, una instalación intermedia gestionada por la Mancomunidad, desde donde se envían al vertedero de Colmenar Viejo. Por este servicio, el Ayuntamiento de Collado Mediano paga una tasa a la Mancomunidad, un coste que inevitablemente se repercute en los recibos de los ciudadanos.
La gobernanza de la Mancomunidad recae en una asamblea y una junta de gobierno compuestas por representantes de los municipios miembros. Actualmente, la presidencia la ostenta Carlos Blázquez, alcalde de Colmenar Viejo por el Partido Popular, quien asumió el cargo en marzo de 2024. Su nombramiento es posterior al proceso de adjudicación del contrato fallido, por lo que heredó una crisis ya en gestación. Su principal objetivo declarado al asumir el cargo era, precisamente, desatascar la contratación del nuevo complejo ambiental y convertir la gestión de residuos de la zona en un «ejemplo de economía circular»
Este modelo de gestión, sin embargo, crea una dinámica compleja para los ayuntamientos como el de Collado Mediano. Por un lado, se benefician de las economías de escala de un servicio centralizado. Por otro, ceden una parte significativa de su soberanía en un área de gran impacto económico y social. Las decisiones estratégicas de gran impacto, como la construcción de una planta de mil millones de euros, se toman en un foro regional donde el peso de cada municipio es relativo. Cuando la gestión de la Mancomunidad falla, como ha ocurrido con la anulación del contrato, las consecuencias negativas (retrasos, sobrecostes, sanciones) se distribuyen entre todos los miembros. Esto coloca a los gobiernos locales en una posición difícil: son los responsables de cobrar a sus vecinos una tasa por un servicio cuyo coste y eficiencia no controlan directamente, generando un déficit de rendición de cuentas donde la responsabilidad política se diluye entre el ayuntamiento y un ente supramunicipal.
Una batalla política de primer orden
El colapso del contrato de residuos ha desatado una intensa batalla política que trasciende la mera gestión técnica. Los partidos de la oposición, principalmente el PSOE y Más Madrid, han lanzado duras acusaciones contra la Mancomunidad, actualmente gobernada en su totalidad por el Partido Popular, señalando una gestión deficiente y una alarmante falta de transparencia.
El Partido Socialista ha sido el más vehemente en sus críticas, denunciando una «absoluta falta de transparencia» y «opacidad» en todo el proceso. Uno de sus argumentos más contundentes se centra en la composición de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad. Según afirman, a diferencia de legislaturas anteriores, actualmente no hay ningún representante de ayuntamientos no gobernados por el PP, lo que, en su opinión, elimina cualquier mecanismo de control y fiscalización por parte de la oposición. Esta exclusión, argumentan, priva a una parte significativa de los municipios de acceso a la información y de participación en la toma de decisiones.
Por su parte, el partido Más Madrid ha calificado la situación como una «chapuza del PP«, atribuyendo el fracaso del contrato directamente a una mala gestión política y administrativa por parte del partido gobernante en la Mancomunidad. Ambas formaciones políticas coinciden en que el revés judicial no es un accidente, sino la consecuencia de un proceso mal planificado y ejecutado sin el rigor necesario para un contrato de esta magnitud.
Frente a estas acusaciones, la postura oficial de la Mancomunidad, liderada por su presidente Carlos Blázquez, ha sido la de intentar transmitir calma y asegurar que se están tomando medidas para reconducir la situación. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial detallado sobre la anulación, Blázquez ha declarado públicamente que se están estudiando «medidas cautelares» para intentar continuar con el procedimiento y, sobre todo, para no perder las subvenciones europeas asociadas al proyecto. La presidencia insiste en su compromiso con la construcción del «innovador ecoparque», considerándolo un proyecto irrenunciable para la modernización de la gestión de residuos en la región.
Esta crisis ha puesto de manifiesto una profunda fractura en el modelo de cooperación intermunicipal. La desconfianza generada ha llevado al PSOE a proponer una solución drástica: la disolución del actual modelo de mancomunidades y la creación de un «Consorcio Regional para la Gestión de Residuos» en el que participen directamente tanto los ayuntamientos como el gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta propuesta no es una simple sugerencia de mejora, sino una enmienda a la totalidad del sistema actual, al que consideran agotado, politizado e ineficaz. El debate, por tanto, ha escalado de un problema contractual a una cuestión sobre el propio modelo de gobernanza regional, lo que augura que el conflicto político podría convertirse en un obstáculo tan grande o mayor que el propio embrollo legal.
El doble riesgo de la crisis medioambiental y de pérdida de fondos europeos
Más allá de las disputas políticas y los sobrecostes inmediatos, la anulación del contrato ha colocado a la Mancomunidad del Noroeste en una disyuntiva. El primer riesgo es de carácter medioambiental. El vertedero de Colmenar Viejo, que actualmente recibe todos los residuos de la región, se encuentra al borde del colapso. Fuentes de la oposición lo describen como «condenado al cierre», ya que está a punto de alcanzar su máxima capacidad y, lo que es más grave, opera con estándares que no se ajustan a la normativa medioambiental de la Unión Europea. Cada día que pasa sin que se construya una alternativa moderna, se prolonga la dependencia de una instalación obsoleta que representa un pasivo ambiental para toda la comarca. El retraso indefinido del nuevo complejo ambiental significa seguir enterrando miles de toneladas de residuos que podrían ser reciclados o valorizados, perpetuando un modelo de gestión insostenible.
El segundo riesgo es financiero y estratégico, y tiene que ver con los fondos Next Generation de la Unión Europea. El proyecto del nuevo complejo ambiental estaba enmarcado dentro de las inversiones elegibles para recibir estas ayudas, destinadas a impulsar la transición ecológica y la economía circular. Sin embargo, estos fondos vienen con una condición inexorable: deben ser ejecutados antes de junio de 2026. El proceso de licitación de un contrato de mil millones de euros, incluyendo estudios de impacto ambiental, redacción de pliegos, concurso público, adjudicación y posibles nuevos recursos legales, es un procedimiento que se mide en años, no en meses. Anular todo el proceso y tener que empezar desde cero hace que cumplir con el plazo de 2026 sea una misión casi imposible. La Mancomunidad se enfrenta así a un escenario crítico.
La crisis ha dejado al descubierto las vulnerabilidades del sistema de gestión mancomunado, donde las decisiones cruciales se toman lejos del escrutinio directo de los ciudadanos afectados, y donde los errores de gestión tienen un efecto dominó que acaba golpeando el presupuesto de cada ayuntamiento miembro.
